domingo, 11 de noviembre de 2012

EL ACCESO A LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO DERECHO HUMANO

        
En la actualidad es evidente que las denominadas tecnologías de la información y la comunicación han dado lugar a un nuevo espacio público global, donde irrumpen los derechos de primera, segunda y tercera generación, y su contribución sustantiva a los modelos y procesos de desarrollo centrados en las personas frente a aquellos centrados en la economía y la tecnología. Por ello, definitivamente es importante fijar la atención y los recursos, tanto económicos como intelectuales, en la manera o alternativas para abordar aquellos faltantes que se requieren para alimentar y retroalimentar los beneficios que las tecnologías de la información pueden proyectar a un país en subdesarrollo como el nuestro.
 
            Más allá del concepto que de brecha digital se pueda acuñar, me parece que el problema de fondo es integral, es decir, no podemos ni debemos reducirlo a la falta de acceso a una computadora o a internet. Ciertamente es un muy poco el porcentaje de personas que en México tienen acceso eficaz o real a estas tecnologías, situación que es grave si tomamos en consideración que es un país con un alto porcentaje de habitantes, por ello, estimo que el problema de fondo esta encarpetado en las políticas públicas que sobre el particular nuestro Gobierno ha promovido, intentado promover o abstenerse de promover; no dudo que haya voluntad política al respecto pero sin lugar a dudas no es suficiente. En efecto, no considero que el problema pase solo por falta de computadoras porque de nada sirve que una sociedad, un poblado o un municipio este socorrido de máquinas ordenadoras si carece de otros bienes y servicios necesarios y complementarios para utilizar dichos recursos. No considero que sirva de mucho poner al alcance de los niños y estudiantes de primaria y secundaria este tipo de tecnologías si al mismo tiempo se carece de personal efectivo en las escuelas para enseñar el uso correcto y productivo de estas tecnologías, o bien, de nada servirá que una persona pueda tener acceso a éstas tecnologías si en su población o municipio se carece de la prestación eficaz del servicio de energía eléctrica o no se promueva responsablemente el uso de las denominadas TIC.  
 
            Por lo anterior, en mi opinión el concepto brecha digital debe abarcar las tres dimensiones que informa el autor, esto es, no limitarse solamente al acceso ilimitado de información en la red, pues, insisto, en mi concepción el problema es más integral y si se pretende arribar al objetivo final que en mi opinión es generar la competitividad del país a nivel internacional en materia de tecnologías de información; luego entonces, deberá abordarse el tema en conjunto.
 
            Por otro lado, con relación a la marginación de los sectores sociales menos favorecidos con los beneficios de tener acceso a la red, reitero, en nuestro país es algo que está por demás decirlo dado que es evidente la desventaja en la que se encuentran con relación a los países desarrollados como Estados Unidos, y algunos países asiáticos, en donde el porcentaje de habitantes con acceso a las tecnologías de la información es exorbitante, pero no solo eso, sino que además la calidad del servicio de internet y el ancho de banda con el “navegan” o acceden a la información es descomunal en comparación con el que manejamos en nuestro país.  
 
El derecho de acceso a las tecnologías de la información debe ser reconocida no solo como crucial para una democracia participativa, de transparencia y buen gobierno, sino también como un derecho humano fundamental, protegido bajo ordenamientos internacionales y disposiciones constitucionales; de tal forma que la concreción de los derechos a la información, la comunicación y el ciberespacio que, en la sociedad de la información, se conviertan, además, en una condición para el ejercicio y la defensa de los demás derechos.
   

domingo, 4 de noviembre de 2012

DERECHOS HUMANOS Y ACCESO AL TRABAJO


¿Cómo hacer compatible una política laboral en el actual marco de os derechos humanos? Al parecer, en la actualidad no basta con ajustar una política laboral a los intereses de todos los sectores de la sociedad sino que además resulta necesario encuadrarla con los estándares actuales de los derechos humanos.

En efecto, parece quedar atrás las preocupaciones por la esclavitud, y actualmente las preocupaciones en materia laboral se centran en la lucha permanente por alcanzar salarios justos y equitativos, transparencia en los sindicatos y la erradicación de la discriminación en algunos sectores laborales, ¿Pero qué hacer para que todos los sectores, entiéndase obreros y patrones, queden satisfechos?

En México, con la reforma laboral recién aprobada, al menos la clase trabajadora no parece estar del todo satisfecha, pues para ellos resulta grave que la reforma laboral pretenda violentar el derecho al trabajo mediante figuras como la contratación a prueba, la subcontratación y la contratación sólo para efectos de capacitación inicial, y si a ello agregamos que dicha reforma es omisa en cuanto a una propuesta de reforma al derecho de justicia laboral que garantice el debido proceso en los Tribunales del Poder Judicial, resulta viable pensar que es violatoria de derechos humanos.
 
Otro ejemplo de es que se destruye el derecho y principio constitucional de la estabilidad en el empleo sustituyéndolo por empleos eventuales implementando contratos de prueba. Se elimina la posibilidad de que un trabajador acumule antigüedad en su empleo y mejore su salario. Una persona podría estar por años laborando bajo contratos eventuales. También se crea la figura del libre despido eximiéndose al patrón de acreditar causales de despido y se emplaza el pago de salarios caídos hasta por un año. Mención aparte merece el fenómeno conocido como “outsourcing” o sub contratación, figura utilizada para no otorgar prestaciones de ley a las y los trabajadores. La subcontratación en si es violatoria a los derechos humanos, y regularla sería oficializar este agravio.
Si bien se considera que el trabajo y los derechos humanos están en el lado social del derecho, también es cierto que han seguido caminos separados, y no se cruzan forzosamente; son ámbitos jurídicos que surgieron para atender problemas de diferentes tipos. Además, se debe tomar en consideración que cuando se afirma que está en juego la política general, no se puede tener al Estado por responsable de toda la situación reinante en el mercado de trabajo. El Estado no genera desempleo por sí mismo, ni se le puede atribuir en solitario la responsabilidad de ponerle remedio. Aun así, se debe tener en cuenta que  los derechos humanos establecen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Nos pertenecen a todos y todas por el simple hecho de ser seres humanos. Cuando los derechos de los pueblos son respetados, protegidos y cumplidos, el pueblo puede vivir en paz y desarrollarse en su potencialidad como seres humanos.

domingo, 28 de octubre de 2012

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DERECHOS HUMANOS



Se dice que vivimos en una era tecnológica, la tecnología es un fenómeno que ha estado presente en la sociedad porque no se ha presentado como un hecho aislado; es indudable que el impacto de la tecnología se evidencia en cómo aprendemos e interactuamos con nuestro alrededor, y bajo ese contexto se ha llegado al extremo de afirmar que la tecnología con la que hoy contamos hace que nos alejemos más de las personas y llevar un estilo de vida más acelerado.

En mi opinión, la revolución tecnológica no sólo cambió la forma de hacer comunicación, en el fondo considero que el avance tecnológico a lo largo de los años ha tenido la función de mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Ahora bien, esto tampoco hay que aceptarlo de forma absoluta, porque si bien la tecnología aun no nos resuelve todos los problemas, también lo es que definitivamente hace la vida más cómoda y la facilita, me parece que será preocupante cuando se convierta en una necesidad; saber y ser inteligentes al encausar la tecnología y todos sus beneficios en los conductos adecuados es fundamental.
 
No obstante lo anterior, ¿hasta que punto impacta la ciencia y la tecnología sobre el derecho a la vida privada de las personas en este mundo inmerso en un proceso globalizador? La tecnología, como un derecho, es también desde cierta perspectiva la expresión de la vida cultural de luna sociedad, a la par que los derechos humanos son expresión de la humanidad que tienen sus inicios con la Revolución Francesa; y aunque la tecnología no necesariamente afecta a los derechos humanos, cabría preguntarse: en la esfera de entre lo público y lo privado ¿hasta qué punto es aceptable la intromisión de la tecnología en el espacio de la vida privada?

Lo cierto es que estamos en presencia de un cambio de paradigma de la industrialización al paradigma del conocimiento, en donde la tecnología no mantiene un rol neutral, pues tanto puede beneficiar a la sociedad como también la puede perjudicar. Y sobre el tema de los derechos humanos, habría que hacer hincapié que uno de los principales conflictos podría avecinarse en los terrenos del derecho a la vida privada y la libertad de información. Es claro que el proceso de la globalización tiende a afectar este tipo de derechos, la revolución de las comunicaciones, la computación, el avance científico-tecnológico y el internet en especial, plantean un dilema fundamental para la defensa de este derecho, que constituye una piedra angular de cualquier régimen democrático

La tecnología ha tenido un gran auge y desarrollo, y continuará teniéndolo aun cuando caiga en las manos equivocadas. Su estrecha relación con la sociedad es innegable, el temor más grande considero será cuando llegue el momento en que nos volvamos dependientes de la tecnología hasta el grado de llegar a ser manejados por ella. Por ello, tampoco considero descabelladas los argumentos de algunas personas que estiman que de continuar con los avances tecnológicos al rimo que llevan, podrían llegar a la destrucción de lo que conocemos como nuestro planeta. En mi entender, la tecnología es un fenómeno que a diario avanza, lo resaltante es que tiene el poder suficiente para fomentar progreso, desarrollo, bienestar y felicidad, hacer de nuestra sociedad una mejor sociedad, pero al mismo tiempo creo tiene el poder de crear un caos en la misma.

Todo lo anterior me permite aventurarme a pensar que las innovaciones tecnológicas que se avecinan modificaran de tal manera nuestras vidas que orillarán a un cambio de mentalidad global, pero al mismo tiempo permitirán el erguimiento de tecnologías cada vez más clasificadas y especializadas que abarcaran todos los aspectos de la vida de un ser humano y proyectarán escenarios tecnológicos hasta hace 15 años inimaginables para la mayoría de las personas.  

domingo, 21 de octubre de 2012

LA SUSTENTABILIDAD COMO DERECHO HUMANO

Actualmente ya no podemos negar que lo que se ha conocido como Derecho Ambiental, ahora reconocido como Derecho a la Sustentabilidad, forma parte del catálogo de los derechos humanos llamados de tercera generación, como parte de las necesidades básicas de cualquier ser humano y como figura jurídica que debe estar plenamente reconocida en los textos legales de cualquier país, así como en las declaraciones y protocolos internacionales tendentes a buscar soluciones al problema del deterioro ambiental.

Ideal sería primero fijar las bases de lo que debe entenderse por sustentabilidad, ya que es común entenderla como el discurso o resultado de la deliberación del grupos poderosos en los países desarrollados, esto es, las medidas impuestas en materia ecológica que dan lugar a un tipo de colonialismo ecológico. En efecto, ni siquiera la definición propuesta por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo ayuda mucho, pues según ésta, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y ello es así dado que, en la realidad que nos ocupa, con mayor fuerza y legalidad fomenta la política de dominación los países más ricos sobre los pobres, incluso también en la materia ambiental.

Velar por un principio de igualdad en un marco pluricultural parecería ser la plataforma más adecuada en pro de un medio ambiente más sano y más adecuado, y como un derecho que debe alcanzar a cualquier persona del mundo sin importar al país al que pertenece. Procurar políticas más puras que tengan como fin que cada sociedad sea capaz de procurar el control y respeto por sus propios recursos naturales, fomentando el uso, explotación y aprovechamiento racional, más que en términos comerciales y económicos, en términos de conservación futura.
 
No obstante la pretensión de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, parece que en la realidad se maneja un doble discurso sobre el particular. Desde luego está la pretensión real e ideológica de protección al medio ambiente, pero también está presente la inmersa en las políticas de desarrollo de los países desarrollados y poderosos asociadas al crecimiento económico que demarcan con cierto grado de legalidad y legitimidad el crecimiento a costa de los menos desarrollados. Independientemente del discurso utilizado, queda claro que la sola incursión de los términos desarrollo sustentable, no es una garantía del desarrollo y crecimiento de todos los países del mundo, ni tampoco asegura que la sustentabilidad alcance a todas las personas.


 


Concientizar que el respeto a la vida de los demás y el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, significa emprender una lucha racional por la sobrevivencia del ser humano que debe estar por encima de cualquier meta u objetivo económico o global. Entender que el derecho a un medio ambiente sano y más adecuado puede padecer de ambigüedades y que ve más allá de ese simple término, significa que se debe luchar por un principio de solidaridad social mundial que levante como estandartes del movimiento los principio de igualdad y respeto mutuo entre la personas para lograr una convivencia más pacífica y plural.    

 

 

 

domingo, 14 de octubre de 2012

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SEGURIDAD NACIONAL

El Derecho no puede ni debe permanecer indiferente frente al riesgo que conlleva la conjugación o inserción de los derechos humanos en una sociedad democrática que también deba velar por una seguridad nacional. En efecto, pareciera que no pero en realidad existe una línea muy delgada entre el respeto y protección a los derechos en humanos y el empleo de la fuerza y la violencia en aras de lograr una seguridad nacional.

La seguridad nacional desde luego tiene como objetivo final la preservación de una sociedad para mantener y conservar las libertades y derechos y el respeto pleno a la seguridad e integridad de sus habitantes. Por lo mismo, es inevitable afirmar que ante la magnitud y relevancia de esta cuestión, es evidente que el marco legal de la seguridad nacional en un país es un tema de primera importancia pues se trata de salvaguardar la integridad del Estado, las instituciones y, por supuesto, de las personas que integran esa sociedad.

Ahora bien, lograr un buen equilibrio entre los objetivos de la seguridad nacional y el respeto y protección de los Derechos Humanos tampoco es cosa sencilla; por ello, por ser un asunto de trascendental importancia, es necesario establecer bases transparentes, incluyendo a todos los sectores de la población interesados, así como a todas las instituciones oficiales involucradas, en la fabricación de las normas que regulen ese binomio.

Me queda claro que hablar de seguridad nacional es hablar en el fondo de velar por la calidad de vida de las personas y, bajo ese contexto,  abarca en un sentido amplio tanto las cuestiones económicas como sociales. Por otro lado, no se debe olvidar que también configura el respeto a la integridad de la persona, al goce y disfrute de una vida tranquila, sin temor a ser víctima de algún crimen. En este orden de ideas, se trata de un medio para alcanzar la plena vigencia de todos los derechos humanos desde una perspectiva integral, que incluye tanto a los derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto significa, al mismo tiempo, que una correcta normatividad en materia de seguridad nacional debe atender otros elementos que privilegia las formas democráticas para la toma de decisiones. No es en vano que este modelo se comience a aplicar a partir del fracaso de los modelos tradicionales que privilegian la represión y el autoritarismo.

Por lo anterior, parece que es momento de motivar un cambio de paradigma en cuanto a este tema se refiere, con una visión integral y pluricultural contra el crimen, teniéndose como prioridad el bienestar y seguridad de las personas, sin olvidar que dicho fenómeno se encuentra relacionado con cuestiones como pobreza y la marginación, la falta de oportunidad para ciertos sectores sociales, así como de instituciones débiles y  corruptas, y acompañadas de una deficiente aplicación del derecho. Por ello, se plantea que la clave para un marco democrático y más plural en las relaciones de las personas en sociedad radica en el estricto respeto a los derechos humanos.

Esto significa que el ideal es una concepción integral de la seguridad basada en el respeto y protección a los derechos humanos, pero en congruencia con los principios fundamentales de una sociedad democrática, que motive y alimente las normas, políticas públicas y estrategias de seguridad, con el fin de contribuir a la tarea de hacer frente a los retos graves que actualmente aquejan a cualquier sociedad del siglo XXI y a las generaciones futuras.

             

 

domingo, 7 de octubre de 2012

¿LOS DERECHOS HUMANOS COMO DISCURSO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INDIVIDUOS?



            En el marco vigente de la globalización de avances tecnológicos y científicos, como de movimientos migratorios a nivel mundial, se hace patente la necesidad de encontrar nuevas formas de concebir la integración de las personas en lugares donde la forma de organización social le atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad para su convivencia pacífica  y armónica, en un contexto de pleno respeto a los derechos humanos y a la pluriculturalidad. 


La expresión pluriculturalismo se encuentra en boga y en los actuales debates públicos, da cuenta de la creciente presencia de diversas culturas que hasta no hace mucho se habían visto sometidas por un modelo cultural hegemónico. Bajo ese contexto, cabría preguntarse en un marco analítico si una política de los derechos humanos tiene el potencial emancipatorio en el actual contexto de la globalización y fragmentación de culturas e identidades.

Bajo ese contexto, especificar las condiciones bajo las cuales los derechos humanos pueden ser usados como un instrumento contrahegemónico no es cosa fácil, pues hay que tener en cuenta la naturaleza incompleta de cada cultura y la necesidad de afrontar diálogos interculturas; por ello se estima necesario justificar los derechos humanos en un ámbito global pero con una legitimación local.


            En efecto, un diálogo entre culturas implica un cambio en las personas, pero sobre todo en las doctrinas involucradas, pues las amplía; y aunque el consenso no parece ser el destino final deseado, la convivencia razonable de ideas y costumbre a la luz de los derechos humanos como discurso para hacer política, para ser una buena herramienta. En ese mismo tenor, no hay que olvidar que los derechos humanos no son un paquete de ipso facto forme parte de forma originaria  en las culturas locales no occidentales por ejemplo; ante ello parece inevitable la necesidad de interculturalizar los horizontes de todos los pueblos a fin de transformarlos y enriquecerlos mediante el acto creativo del diálogo y el discurso.  


Es por ello que un enfoque pluralista parece ser la base ideal para escapar a esa dicotomía de lo particular o universal de los derechos humanos, e implantar un enfoque versado y no corto; es decir, no limitado al campo del derecho con una visión occidental sino que reconozca y se promueva en las prácticas reales de la diversidad de pueblos, esto es, un pluralismo jurídico.    

 

domingo, 30 de septiembre de 2012

¿QUÉ SE REQUIERE PARA UNA ADECUADA PROCURACIÓN DE JUSTICIA?


            El éxito en la procuración de justicia depende en gran medida de la participación de los ciudadanos, por ello, para enfrentar con eficacia el problema estructural y funcional de la procuración de justicia en cualquier lugar, es necesario que la sociedad y las distintas instancias gubernamentales lo aborden desde diversas perspectivas: la del saber científico, la de la realidad misma, la de la legalidad y de acuerdo con una política social y criminal desarrollada a través de acciones que se integren a todo un programa innovador de gobierno que dé respuestas adecuadas a los problemas de criminalidad en un determinado lugar.

En la actualidad parece ser que el sector de procuración de justicia se forma por una estructura no orientada hacia la investigación de los delitos, dado que, por varias décadas, soporta problemas estructurales y funcionales que impactan el desarrollo eficaz del servicio de procuración de justicia. Asimismo, en este aspecto cabe identificar la importancia de una adecuada política criminal, entendida como el contenido sistemático de principios, garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena, según los cuales el Estado dirige la lucha contra el delito, por medio de la pena y de sus formas de ejecución.

            La política criminal no aspira a sustituir al derecho penal; debe marchar a su lado; entre el derecho penal teórico y la ley penal, de una parte, y la práctica criminal y penal de la otra. También la podemos entender como la doctrina de la posibilidad política en relación al fin de la prevención y la represión de la delincuencia.
 
Por ello, para administrar y/o procurar justicia no basta con saber la ley y poseer el sentido de lo justo, sino que es preciso, además, la ciencia de la naturaleza humana. La política criminal viene a constituir el señalamiento que implica las formas de encausar la implementación o instrumentación de aquellas directrices que pueden considerarse más eficaces para corregir defectos o disposiciones que no concuerden con la realidad contemporánea y, desde luego, que sirvan mayormente para salvaguardar, tanto los intereses comunitarios, como los del propio individuo en lo particular. Los postulados de la política criminal sirven de criterios de decisión respecto de los sistemas dogmáticos para la aplicación del derecho penal.

Procurar justicia es, en última instancia, dar al pueblo certidumbre y orden, paz y concordia, que hagan posible alcanzar, mediante el trabajo y el respeto al derecho ajeno “la máxima felicidad dividida entre el mayor número de hombres”. Si no se reconoce que gran parte de la inseguridad pública y carencia en la procuración de justicia se debe a la falta de alternativas digas y perdida de valores, así como a una educación deficiente e insuficiente, el desempleo y subempleo, y la aglomeración habitacional y laboral, no se podrá alcanzar una adecuada procuración de justicia.  

domingo, 23 de septiembre de 2012

¿A QUÉ RESPONDE UNA JERARQUIZACIÓN DE LOS VALORES?

            Todos hablamos de los valores. Nos parece algo tan común hablar de ellos que cuando alguien nos pregunta ¿qué son?, el requerimiento se nos muestra tan ocioso que, de entrada, no creemos que valga la pena perder el tiempo en buscar la respuesta. ¿Qué son los valores? Los valores no son ¡valen! ¿Y qué es eso que vale sin que sepamos qué es? Alguien podría contestarnos: “el valor es lo que preferimos a cualquier otra cosa; es lo que más vale para nosotros”. Efectivamente, si preferimos una prenda de vestir, un platillo, un libro, una película ante otras opciones que se nos presentan, es porque lo elegido resulta para nosotros más valioso, de mayor valor. Sin embargo, si no nos damos por satisfechos con la anterior respuesta, de seguro saldrán a nuestro paso preguntas como las siguientes: ¿Por qué lo seleccionado por nosotros tiene más valor? ¿Vale porque lo escogimos o lo escogimos porque vale? Si el objeto valioso vale porque lo preferimos, entonces el valor es puramente subjetivo. En cambio, si lo seleccionado vale por si mismo, entonces el valor no depende del sujeto –quien solamente lo descubre- sino que existe independientemente de éste, ya sea como objeto valioso de por sí, o como algo ideal que existe sin necesitar de la presencia humana.

¿Cuándo estamos en lo correcto? ¿Cuándo suponemos que los valores son por sí mismos, independientemente de los objetos y del sujeto valorador? ¿O cuándo los consideramos solo como producto de las preferencias de cada quien?

Los valores con conceptos, ideas, abstracciones que el ser humano, como ser histórico y social, elabora a partir de las características de los objetos o actos humanos, con los cuales entra en relación para satisfacer sus necesidades, ya sean estas materiales o espirituales. De esta forma, la existencia de los valores no es solamente un asunto teórico, sino fundamentalmente práctico. Precisamente, por sus implicaciones con la vida cotidiana, se impone la exigencia de explicarlos y hasta jerarquizarlos, lo cual reclama un esfuerzo racional. Los valores son siempre puntos de referencia para realizar o valorar actos humanos, ya sean morales, políticos, jurídicos, artísticos, religiosos o de cualquiera otra índole.
 
Ahora bien, para calificar los actos humanos y los objetos no solamente necesitamos de los valores a granel, sino de jerarquizarlos en una escala. Por ello, en cada sociedad, clase o grupo social, hay una tabla de valores, más o menos establecida, que sirve de andamio para el comportamiento de los individuos que constituyen dicha comunidad. Establece una jerarquía de valores es una operación que también tienen carácter social e histórico; se motiva siempre en un contexto social y en un momento determinado. Se responde a necesidades sociales en un presente, determinado éste dialécticamente por un pasado. Sin embargo, no me parece valido pensar en un orden de valores único, uniforme y valedero para toda la sociedad; en esto tiene que ver la clase social a que se pertenece. No es la misma escala de valores que maneja la gran burguesía que los trabajadores manuales e intelectuales; no obstante, a pesar de las diferencias que pueda haber entre ellos, ningún grupo social escapa al momento histórico-social que lo condiciona.

domingo, 16 de septiembre de 2012

DOBLE CRIMINALIZACIÓN


             La doble criminalización o “revictimización “que sufren las víctimas de un delito por la insensibilidad, irresponsabilidad e ineficiencia de las autoridades encargas de impartir “justicia” es un mal cada vez más visto y común en la sociedad.
 
En efecto, ese sufrimiento por partida doble de las víctimas es sólo un ejemplo del cáncer que padece nuestra estructura de justicia en el país, que lejos de fortalecer y promover el derecho que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma de junio de 2008, otorga a las victimas y ofendidos del delito de participar activamente en el proceso penal y otros derechos que velan por su particular situación ante la comisión de un delito, como son la atención emocional, psicológica y física, solo evidencia la prepotencia y los malos tratos con que son tratados los ciudadanos.

            Queda claro que en la actualidad, más allá de los programas de atención a víctimas u ofendidos de delitos, mediante los cuales se prestan, entre otros servicios, atención médica y psicológica de urgencia y especializada, legal, integración de grupos de autoayuda para víctimas u ofendidos, brigadas de apoyo psicoemocional, talleres psicoeducativos de prevención, apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas y capacitación en atención a víctimas u ofendidos de delitos; los derechos de las víctimas o los ofendidos de delitos traducidos en obligaciones directas para el Estado, no son completamente protegidos o cumplidos, pues la demanda ciudadana de maximizar esfuerzos para que se ponga al alcance de las víctimas u ofendidos del delito una autoridad o funcionarios públicos identificados inequívocamente por la sociedad que reciba a toda persona, de manera oportuna y sin distinguir su particular situación o tipo de requerimiento, proporcionándole la atención personalizada e inmediata que merece, inclusive apoyándola en la defensa legal de sus derechos, sin perjuicio de canalizarla a las dependencias especializadas según las necesidades particulares de cada persona o, en su caso, a los órdenes de gobierno que resulten competentes; se convierte en una mera fantasía.

Evitar lo que se ha conocido como “revictimización”, es decir que quienes han sido víctimas u ofendidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos, no es algo ajeno o fuera del alcance de un Estado de Derecho, palmariamente se hace necesario que de manera paralela se brinde una especial, eficaz y oportuna atención a las víctimas u ofendidos de delitos, en particular a aquéllos afectados en su integridad física o psicológica, así como en su patrimonio, pero por personal con compromiso social y sentido humano.

Lo anterior parece ser algo fuera del alcance de un programa de capacitación, o de un aula escolar; considero que es importante hacer frente de manera paralela a otros problemas que afectan al sistema de justicia en nuestro país, tales como la excesiva burocratización, reasignación de sueldos y prestaciones y una perspectiva plural del problema.

 

domingo, 9 de septiembre de 2012

JUSTICIA O LEGALIDAD



Si la naturaleza humana es, por naturaleza (valga la redundancia), individualista, y por ende tiene a desplegarse en manifestaciones egoístas frente a los deseos, necesidades e intereses de los demás, obligatorio era desde los principios de la historia del hombre buscar una fórmula de convivencia que reduzca los males de ese estado de conflicto y hostilidad permanente en que viven los individuos  para satisfacer sus propios intereses.

             La justicia, como construcción del hombre, surgió desde los primeros andares del hombre como esa posible formula inmaterial o abstracta de entender que la única forma de fomentar una convivencia pacífica entre los hombres era mediante el respeto mutuo a los derechos de cada uno, hasta traspolarse a una impronta universal legalista, esto es, un medio para poner orden, e incluso como un medio más referido a la punición.

            Sin embargo, esta tendencia a considerar o confundir la justicia con la legitimidad de una norma y su aplicación universal, conlleva tomar en consideración otros aspectos (históricos y culturales) que legitiman la justicia bajo parámetros diferentes a la legalidad.

            La observancia y el respeto a la ley de ninguna forma deben ser vistos como sinónimo de justicia, so pena de sufrir desgracias emocionales y/o existenciales. En efecto, el establecimiento de ciertas reglas de convivencia, leyes o normas, donde los derechos esenciales de cada miembro de la sociedad sean respetados, no debe ser confundido con aspiraciones de justicia, pues el establecimiento de dichas reglas atiende únicamente al fin de mejorar significativamente la convivencia entre los individuos y brindarles tranquilidad social, así como fomentar la cooperación colectiva. En cambio, la justicia carece de realidad material, ya sea como principio, valor o fin último del derecho, el término justicia es uno de los más difíciles de determinar, y casi imposible de llevarlo a la práctica satisfactoriamente; dejando de lado su aspecto legal y/o jurídico, la justicia siempre ha sido considerada como un fenómeno indefinible pero que es dado e incontrovertible en la sociedad

             Ante ello, cabría preguntarse si el término o medio que permite o garantiza en mayor grado esa verdadera convivencia pacífica en cualquier sociedad es realmente la justicia o la legalidad. Al respecto, me parece que la legalidad, entendida como ese conjunto de valores, percepciones y actitudes positivas que el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones que lo ejecutan, funcionaría mejor como un mecanismo de autorregulación individual y regulación social, que exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales.

domingo, 2 de septiembre de 2012

JUSTICIA-ÉTICA… ¿BINOMIO POSIBLE?

    
Anteriormente decía que respecto de la justicia podíamos decir casi cualquier cosa de ella y, siempre, tendremos razón. Bajo esa premisa es que me atrevo en esta ocasión a valorar una vinculación de la justicia con la ética, lo anterior sin temor a ser señalado ni estigmatizado, ya que hasta cierto punto dichos conceptos pueden resultar ambiguos y hasta contradictorios.   Inicio con el siguiente cuestionamiento: ¿es la ética una regla de vida para el ejercicio del derecho? La ética ha sido identificada como la disciplina que se ocupa de investigar los fenómenos morales en general que competen al conocimiento del hombre. Es decir, la ética es teórica y práctica: teórica, cuando investiga sobre los fenómenos morales en general, describiéndolos tal y como son; práctica, cuando surge la meditación sobre la conducta moral que orienta a los sujetos a hacer una reflexión específica como una forma de vivir. Pero también podemos decir que la ética puede ser entendida como un conjunto de normas, reglas y preceptos que regulan las relaciones de los hombres en sociedad en el plano de lo bueno y lo malo, aunque, no por ello debemos concluir que las reglas de la sociedad o de una comunidad determinada, nos conduce a pensar el sentido de las leyes y la justicia como atributo posible, pero no necesario, de un orden social.

Ahora bien, cuando hablamos de una vinculación entre ética y justicia o ética de la justicia, nos estamos refiriendo a una ética moderna, una ética que se basa en la aplicación de principios morales abstractos, formales, que debe estar presente, por consiguiente, en el ámbito específico de actuación de los profesionales versados en Derecho. Lo anterior, procurara de aquéllos el  respeto a los principios que induzcan a una mejor realización de los fines propios o particulares de su profesión; en el caso de los abogados, no hay duda que estamos sometidos a cánones éticos y morales impuestos a nuestra actividad.    

            Bajo ese contexto, ¿es posible entender uno sin el otro?

Como ya lo manifesté en otra ocasión, es imposible (y hasta innecesario) brindar un concepto de justicia, no obstante ello, siempre ha sido referida a la abogacía, en su momento Eduardo J. Couture señaló en su libro Los mandamiento del Abogado que “la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia”; más sin embargo, qué tanto está puesta al servicio de la ética, el punto de divergencia se encuentra cuando se admite que en la sociedad moderna la ética adopta una conceptualización referida a las prácticas comúnmente aceptadas, lo cual no siempre podrá encuadrar con criterios de justicia en la práctica de la abogacía, máxime que vivimos en una sociedad donde cada uno sabe que tiene unos “derechos” por los cuales se entra en discusión con los demás.

A pesar de lo anterior, es claro que la labor del abogado es una de las profesiones que más repercusión tiene en la sociedad, y por ello el reto constante será el de encuadrar y/o ajustar sus conocimientos y capacitación a esa necesidad social de certidumbre que pretenden los ciudadanos, de que sus asuntos serán bien dirigidos y manejados por un profesional que actúa apegado a los valores éticos. El ideal será siempre asumir una postura de profesional, consciente de los deberes y con un conocimiento profundo de derecho, apegado a las normas y los principios generales del orden moral.

domingo, 26 de agosto de 2012

¿ES NECESARIO EL TÉRMINO JUSTICIA?


Hablar de justicia es como hablar del amor, nadie puede definirlo con certeza ni con aceptación universal, es como un enjambre de contrasentidos y existe tal variedad de formas y matices, que uno puede decir casi cualquier cosa sobre él y, siempre, tendremos razón, con la justicia pasa lo mismo. Lo anterior quiere decir que en esta ocasión no pretendo inventar el hijo negro ni descubrir algún mediterráneo, quiero, eso si, dejar sentadas algunas razones del por qué y para qué debemos preguntarnos si es necesaria la justicia.

Ya sea como principio, valor o fin último del derecho, el término justicia es uno de los más difíciles de determinar, y casi imposible de llevarlo a la práctica satisfactoriamente. ¿Qué es la justicia? Alguien podría decir que “es dar a cada quien de acuerdo a sus necesidades”, o también que “es dar a cada quien según su méritos”. Si este último es el parámetro, ¿a partir de qué referencia se van a determinar y medir?, es obvio que un niño de la calle jamás tendrá los mismos méritos que un alumno destacado de una escuela bien atendida. Lo mismo podríamos decir de los trabajadores (manuales e intelectuales) que se desenvuelven en distintas y disparejas condiciones. En esto tiene mucho que ver la igualdad o desigualdad en que se viva. Cuando la igualdad se da, la justicia empieza donde cada quien aporta a la sociedad lo que su capacidad le permite, esto posibilita que cada quien reciba lo que sus necesidades le exijan. Lo cual, desde luego, no agota el ámbito de la justicia; sin embargo, puede ser un principio en que se sustenten las relaciones sociales, tanto de producción como de distribución.  

Dejando de lado su aspecto legal y/o jurídico, la justicia siempre es considerada como un fenómeno indefinible pero que es dado e incontrovertible en la sociedad, cuando acaso habría que preguntarse si es mera utopía o un puro referente modelo ideal. Si este último es compartido por todos, como generalmente lo es (aunque aceptado a regañadientes), pregunto, ¿tendría sentido hablar de la justicia?, de algo utópico que no nos lleva a nada más que a puras fantasías perpetuas, seguramente sí contestarían todos, y la verdad es que sí porque desde el inicio de sus días, el ser humano ha imaginado, ha conjeturado y ha fantaseado; ello quiere decir que el pensamiento utópico es y será siempre contemporáneo a todas las generaciones.

Parecería que en nuestra sociedad vivimos bajo un ambiente de injusticia, entendido como una contradicción o antivalor de la justicia, y que propia del abuso del poder y de la debilidad humana, todas las personas alguna vez se han quejado de que esto o aquello es o fue injusto, de que el sistema es ineficaz o está fracturado, lo que nos puede llevar al extremo de pretender que todo aquello que no nos sea favorable sea injusto; pero al mismo tiempo lo relacionamos con la inequidad o parcialidad de determinada situación, que aunado a circunstancias como la corrupción, el abuso policial y/o institucional, la ignorancia, el poder, la política y los medios de comunicación, más bien nos llevarían a hablar de mala justicia o de los equívocos de la justicia.
 
Bajo ese contexto, en el aspecto legal o jurídico, ¿qué tan conveniente es sustentar los sistemas jurídicos con base en el ideal de la justicia, ¿que acaso el término justicia no ha venido más que ha tergiversar los criterios y parámetros en el aplicación de la ley?; es decir, bastaría con comprender que para que exista un orden jurídico y social es necesario que exista una coordinación de actos (individuales y grupales) con fines sociales, de tal modo que exista una regulación de conductas, y que esa regulación de conductas amerita el establecimiento de una jerarquización de los integrantes de la sociedad para efectos de establecer relaciones políticas de mando y obediencia, las cuales revelarían el orden jurídico y social imperante y, al mismo tiempo, evidenciarían la existencia de un poder en nombre de una finalidad social: la convivencia armónica entre los hombres; aunado a ello, comprender que el orden jurídico y social no es estático ni es establecido de una vez para siempre, sino que tiene una dirección y un sentido, parcialmente afín con los imperativos del orden vigente; de tal forma que la estabilidad del orden jurídico y social no es inmovilidad sino equilibrio de fuerzas; es producto de la capacidad del orden para integrar a su seno las fuerzas que tratan de renovarlo: de ese modo evoluciona y cambia sin dejar de ser él mismo.

¿Es acaso la justicia el único medio capaz de alcanzar la máxima felicidad y el bienestar social?