domingo, 11 de noviembre de 2012

EL ACCESO A LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO DERECHO HUMANO

        
En la actualidad es evidente que las denominadas tecnologías de la información y la comunicación han dado lugar a un nuevo espacio público global, donde irrumpen los derechos de primera, segunda y tercera generación, y su contribución sustantiva a los modelos y procesos de desarrollo centrados en las personas frente a aquellos centrados en la economía y la tecnología. Por ello, definitivamente es importante fijar la atención y los recursos, tanto económicos como intelectuales, en la manera o alternativas para abordar aquellos faltantes que se requieren para alimentar y retroalimentar los beneficios que las tecnologías de la información pueden proyectar a un país en subdesarrollo como el nuestro.
 
            Más allá del concepto que de brecha digital se pueda acuñar, me parece que el problema de fondo es integral, es decir, no podemos ni debemos reducirlo a la falta de acceso a una computadora o a internet. Ciertamente es un muy poco el porcentaje de personas que en México tienen acceso eficaz o real a estas tecnologías, situación que es grave si tomamos en consideración que es un país con un alto porcentaje de habitantes, por ello, estimo que el problema de fondo esta encarpetado en las políticas públicas que sobre el particular nuestro Gobierno ha promovido, intentado promover o abstenerse de promover; no dudo que haya voluntad política al respecto pero sin lugar a dudas no es suficiente. En efecto, no considero que el problema pase solo por falta de computadoras porque de nada sirve que una sociedad, un poblado o un municipio este socorrido de máquinas ordenadoras si carece de otros bienes y servicios necesarios y complementarios para utilizar dichos recursos. No considero que sirva de mucho poner al alcance de los niños y estudiantes de primaria y secundaria este tipo de tecnologías si al mismo tiempo se carece de personal efectivo en las escuelas para enseñar el uso correcto y productivo de estas tecnologías, o bien, de nada servirá que una persona pueda tener acceso a éstas tecnologías si en su población o municipio se carece de la prestación eficaz del servicio de energía eléctrica o no se promueva responsablemente el uso de las denominadas TIC.  
 
            Por lo anterior, en mi opinión el concepto brecha digital debe abarcar las tres dimensiones que informa el autor, esto es, no limitarse solamente al acceso ilimitado de información en la red, pues, insisto, en mi concepción el problema es más integral y si se pretende arribar al objetivo final que en mi opinión es generar la competitividad del país a nivel internacional en materia de tecnologías de información; luego entonces, deberá abordarse el tema en conjunto.
 
            Por otro lado, con relación a la marginación de los sectores sociales menos favorecidos con los beneficios de tener acceso a la red, reitero, en nuestro país es algo que está por demás decirlo dado que es evidente la desventaja en la que se encuentran con relación a los países desarrollados como Estados Unidos, y algunos países asiáticos, en donde el porcentaje de habitantes con acceso a las tecnologías de la información es exorbitante, pero no solo eso, sino que además la calidad del servicio de internet y el ancho de banda con el “navegan” o acceden a la información es descomunal en comparación con el que manejamos en nuestro país.  
 
El derecho de acceso a las tecnologías de la información debe ser reconocida no solo como crucial para una democracia participativa, de transparencia y buen gobierno, sino también como un derecho humano fundamental, protegido bajo ordenamientos internacionales y disposiciones constitucionales; de tal forma que la concreción de los derechos a la información, la comunicación y el ciberespacio que, en la sociedad de la información, se conviertan, además, en una condición para el ejercicio y la defensa de los demás derechos.
   

domingo, 4 de noviembre de 2012

DERECHOS HUMANOS Y ACCESO AL TRABAJO


¿Cómo hacer compatible una política laboral en el actual marco de os derechos humanos? Al parecer, en la actualidad no basta con ajustar una política laboral a los intereses de todos los sectores de la sociedad sino que además resulta necesario encuadrarla con los estándares actuales de los derechos humanos.

En efecto, parece quedar atrás las preocupaciones por la esclavitud, y actualmente las preocupaciones en materia laboral se centran en la lucha permanente por alcanzar salarios justos y equitativos, transparencia en los sindicatos y la erradicación de la discriminación en algunos sectores laborales, ¿Pero qué hacer para que todos los sectores, entiéndase obreros y patrones, queden satisfechos?

En México, con la reforma laboral recién aprobada, al menos la clase trabajadora no parece estar del todo satisfecha, pues para ellos resulta grave que la reforma laboral pretenda violentar el derecho al trabajo mediante figuras como la contratación a prueba, la subcontratación y la contratación sólo para efectos de capacitación inicial, y si a ello agregamos que dicha reforma es omisa en cuanto a una propuesta de reforma al derecho de justicia laboral que garantice el debido proceso en los Tribunales del Poder Judicial, resulta viable pensar que es violatoria de derechos humanos.
 
Otro ejemplo de es que se destruye el derecho y principio constitucional de la estabilidad en el empleo sustituyéndolo por empleos eventuales implementando contratos de prueba. Se elimina la posibilidad de que un trabajador acumule antigüedad en su empleo y mejore su salario. Una persona podría estar por años laborando bajo contratos eventuales. También se crea la figura del libre despido eximiéndose al patrón de acreditar causales de despido y se emplaza el pago de salarios caídos hasta por un año. Mención aparte merece el fenómeno conocido como “outsourcing” o sub contratación, figura utilizada para no otorgar prestaciones de ley a las y los trabajadores. La subcontratación en si es violatoria a los derechos humanos, y regularla sería oficializar este agravio.
Si bien se considera que el trabajo y los derechos humanos están en el lado social del derecho, también es cierto que han seguido caminos separados, y no se cruzan forzosamente; son ámbitos jurídicos que surgieron para atender problemas de diferentes tipos. Además, se debe tomar en consideración que cuando se afirma que está en juego la política general, no se puede tener al Estado por responsable de toda la situación reinante en el mercado de trabajo. El Estado no genera desempleo por sí mismo, ni se le puede atribuir en solitario la responsabilidad de ponerle remedio. Aun así, se debe tener en cuenta que  los derechos humanos establecen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Nos pertenecen a todos y todas por el simple hecho de ser seres humanos. Cuando los derechos de los pueblos son respetados, protegidos y cumplidos, el pueblo puede vivir en paz y desarrollarse en su potencialidad como seres humanos.

domingo, 28 de octubre de 2012

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DERECHOS HUMANOS



Se dice que vivimos en una era tecnológica, la tecnología es un fenómeno que ha estado presente en la sociedad porque no se ha presentado como un hecho aislado; es indudable que el impacto de la tecnología se evidencia en cómo aprendemos e interactuamos con nuestro alrededor, y bajo ese contexto se ha llegado al extremo de afirmar que la tecnología con la que hoy contamos hace que nos alejemos más de las personas y llevar un estilo de vida más acelerado.

En mi opinión, la revolución tecnológica no sólo cambió la forma de hacer comunicación, en el fondo considero que el avance tecnológico a lo largo de los años ha tenido la función de mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Ahora bien, esto tampoco hay que aceptarlo de forma absoluta, porque si bien la tecnología aun no nos resuelve todos los problemas, también lo es que definitivamente hace la vida más cómoda y la facilita, me parece que será preocupante cuando se convierta en una necesidad; saber y ser inteligentes al encausar la tecnología y todos sus beneficios en los conductos adecuados es fundamental.
 
No obstante lo anterior, ¿hasta que punto impacta la ciencia y la tecnología sobre el derecho a la vida privada de las personas en este mundo inmerso en un proceso globalizador? La tecnología, como un derecho, es también desde cierta perspectiva la expresión de la vida cultural de luna sociedad, a la par que los derechos humanos son expresión de la humanidad que tienen sus inicios con la Revolución Francesa; y aunque la tecnología no necesariamente afecta a los derechos humanos, cabría preguntarse: en la esfera de entre lo público y lo privado ¿hasta qué punto es aceptable la intromisión de la tecnología en el espacio de la vida privada?

Lo cierto es que estamos en presencia de un cambio de paradigma de la industrialización al paradigma del conocimiento, en donde la tecnología no mantiene un rol neutral, pues tanto puede beneficiar a la sociedad como también la puede perjudicar. Y sobre el tema de los derechos humanos, habría que hacer hincapié que uno de los principales conflictos podría avecinarse en los terrenos del derecho a la vida privada y la libertad de información. Es claro que el proceso de la globalización tiende a afectar este tipo de derechos, la revolución de las comunicaciones, la computación, el avance científico-tecnológico y el internet en especial, plantean un dilema fundamental para la defensa de este derecho, que constituye una piedra angular de cualquier régimen democrático

La tecnología ha tenido un gran auge y desarrollo, y continuará teniéndolo aun cuando caiga en las manos equivocadas. Su estrecha relación con la sociedad es innegable, el temor más grande considero será cuando llegue el momento en que nos volvamos dependientes de la tecnología hasta el grado de llegar a ser manejados por ella. Por ello, tampoco considero descabelladas los argumentos de algunas personas que estiman que de continuar con los avances tecnológicos al rimo que llevan, podrían llegar a la destrucción de lo que conocemos como nuestro planeta. En mi entender, la tecnología es un fenómeno que a diario avanza, lo resaltante es que tiene el poder suficiente para fomentar progreso, desarrollo, bienestar y felicidad, hacer de nuestra sociedad una mejor sociedad, pero al mismo tiempo creo tiene el poder de crear un caos en la misma.

Todo lo anterior me permite aventurarme a pensar que las innovaciones tecnológicas que se avecinan modificaran de tal manera nuestras vidas que orillarán a un cambio de mentalidad global, pero al mismo tiempo permitirán el erguimiento de tecnologías cada vez más clasificadas y especializadas que abarcaran todos los aspectos de la vida de un ser humano y proyectarán escenarios tecnológicos hasta hace 15 años inimaginables para la mayoría de las personas.  

domingo, 21 de octubre de 2012

LA SUSTENTABILIDAD COMO DERECHO HUMANO

Actualmente ya no podemos negar que lo que se ha conocido como Derecho Ambiental, ahora reconocido como Derecho a la Sustentabilidad, forma parte del catálogo de los derechos humanos llamados de tercera generación, como parte de las necesidades básicas de cualquier ser humano y como figura jurídica que debe estar plenamente reconocida en los textos legales de cualquier país, así como en las declaraciones y protocolos internacionales tendentes a buscar soluciones al problema del deterioro ambiental.

Ideal sería primero fijar las bases de lo que debe entenderse por sustentabilidad, ya que es común entenderla como el discurso o resultado de la deliberación del grupos poderosos en los países desarrollados, esto es, las medidas impuestas en materia ecológica que dan lugar a un tipo de colonialismo ecológico. En efecto, ni siquiera la definición propuesta por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo ayuda mucho, pues según ésta, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y ello es así dado que, en la realidad que nos ocupa, con mayor fuerza y legalidad fomenta la política de dominación los países más ricos sobre los pobres, incluso también en la materia ambiental.

Velar por un principio de igualdad en un marco pluricultural parecería ser la plataforma más adecuada en pro de un medio ambiente más sano y más adecuado, y como un derecho que debe alcanzar a cualquier persona del mundo sin importar al país al que pertenece. Procurar políticas más puras que tengan como fin que cada sociedad sea capaz de procurar el control y respeto por sus propios recursos naturales, fomentando el uso, explotación y aprovechamiento racional, más que en términos comerciales y económicos, en términos de conservación futura.
 
No obstante la pretensión de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, parece que en la realidad se maneja un doble discurso sobre el particular. Desde luego está la pretensión real e ideológica de protección al medio ambiente, pero también está presente la inmersa en las políticas de desarrollo de los países desarrollados y poderosos asociadas al crecimiento económico que demarcan con cierto grado de legalidad y legitimidad el crecimiento a costa de los menos desarrollados. Independientemente del discurso utilizado, queda claro que la sola incursión de los términos desarrollo sustentable, no es una garantía del desarrollo y crecimiento de todos los países del mundo, ni tampoco asegura que la sustentabilidad alcance a todas las personas.


 


Concientizar que el respeto a la vida de los demás y el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, significa emprender una lucha racional por la sobrevivencia del ser humano que debe estar por encima de cualquier meta u objetivo económico o global. Entender que el derecho a un medio ambiente sano y más adecuado puede padecer de ambigüedades y que ve más allá de ese simple término, significa que se debe luchar por un principio de solidaridad social mundial que levante como estandartes del movimiento los principio de igualdad y respeto mutuo entre la personas para lograr una convivencia más pacífica y plural.    

 

 

 

domingo, 14 de octubre de 2012

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SEGURIDAD NACIONAL

El Derecho no puede ni debe permanecer indiferente frente al riesgo que conlleva la conjugación o inserción de los derechos humanos en una sociedad democrática que también deba velar por una seguridad nacional. En efecto, pareciera que no pero en realidad existe una línea muy delgada entre el respeto y protección a los derechos en humanos y el empleo de la fuerza y la violencia en aras de lograr una seguridad nacional.

La seguridad nacional desde luego tiene como objetivo final la preservación de una sociedad para mantener y conservar las libertades y derechos y el respeto pleno a la seguridad e integridad de sus habitantes. Por lo mismo, es inevitable afirmar que ante la magnitud y relevancia de esta cuestión, es evidente que el marco legal de la seguridad nacional en un país es un tema de primera importancia pues se trata de salvaguardar la integridad del Estado, las instituciones y, por supuesto, de las personas que integran esa sociedad.

Ahora bien, lograr un buen equilibrio entre los objetivos de la seguridad nacional y el respeto y protección de los Derechos Humanos tampoco es cosa sencilla; por ello, por ser un asunto de trascendental importancia, es necesario establecer bases transparentes, incluyendo a todos los sectores de la población interesados, así como a todas las instituciones oficiales involucradas, en la fabricación de las normas que regulen ese binomio.

Me queda claro que hablar de seguridad nacional es hablar en el fondo de velar por la calidad de vida de las personas y, bajo ese contexto,  abarca en un sentido amplio tanto las cuestiones económicas como sociales. Por otro lado, no se debe olvidar que también configura el respeto a la integridad de la persona, al goce y disfrute de una vida tranquila, sin temor a ser víctima de algún crimen. En este orden de ideas, se trata de un medio para alcanzar la plena vigencia de todos los derechos humanos desde una perspectiva integral, que incluye tanto a los derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto significa, al mismo tiempo, que una correcta normatividad en materia de seguridad nacional debe atender otros elementos que privilegia las formas democráticas para la toma de decisiones. No es en vano que este modelo se comience a aplicar a partir del fracaso de los modelos tradicionales que privilegian la represión y el autoritarismo.

Por lo anterior, parece que es momento de motivar un cambio de paradigma en cuanto a este tema se refiere, con una visión integral y pluricultural contra el crimen, teniéndose como prioridad el bienestar y seguridad de las personas, sin olvidar que dicho fenómeno se encuentra relacionado con cuestiones como pobreza y la marginación, la falta de oportunidad para ciertos sectores sociales, así como de instituciones débiles y  corruptas, y acompañadas de una deficiente aplicación del derecho. Por ello, se plantea que la clave para un marco democrático y más plural en las relaciones de las personas en sociedad radica en el estricto respeto a los derechos humanos.

Esto significa que el ideal es una concepción integral de la seguridad basada en el respeto y protección a los derechos humanos, pero en congruencia con los principios fundamentales de una sociedad democrática, que motive y alimente las normas, políticas públicas y estrategias de seguridad, con el fin de contribuir a la tarea de hacer frente a los retos graves que actualmente aquejan a cualquier sociedad del siglo XXI y a las generaciones futuras.