
La seguridad nacional desde luego
tiene como objetivo final la preservación de una sociedad para mantener y
conservar las libertades y derechos y el respeto pleno a la seguridad e
integridad de sus habitantes. Por lo mismo, es inevitable afirmar que ante la
magnitud y relevancia de esta cuestión, es evidente que el marco legal de la seguridad
nacional en un país es un tema de primera importancia pues se trata de
salvaguardar la integridad del Estado, las instituciones y, por supuesto, de las
personas que integran esa sociedad.
Ahora bien, lograr un buen
equilibrio entre los objetivos de la seguridad nacional y el respeto y
protección de los Derechos Humanos tampoco es cosa sencilla; por ello, por ser
un asunto de trascendental importancia, es necesario establecer bases transparentes, incluyendo a todos los sectores de
la población interesados, así como a todas las instituciones oficiales
involucradas, en la fabricación de las normas que regulen ese binomio.

Me queda claro que hablar de seguridad nacional es hablar en el
fondo de velar por la calidad de vida de las personas y, bajo ese contexto, abarca en un sentido amplio tanto las
cuestiones económicas como sociales. Por otro lado, no se debe olvidar que
también configura el respeto a la integridad de la persona, al goce y disfrute
de una vida tranquila, sin temor a ser víctima de algún crimen. En este orden
de ideas, se trata de un medio para alcanzar la plena vigencia de todos los
derechos humanos desde una perspectiva integral, que incluye tanto a los
derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales. Esto significa, al mismo tiempo, que una correcta
normatividad en materia de seguridad nacional debe atender otros elementos que
privilegia las formas democráticas para la toma de decisiones. No es en vano
que este modelo se comience a aplicar a partir del fracaso de los modelos
tradicionales que privilegian la represión y el autoritarismo.
Por lo anterior, parece que es
momento de motivar un cambio de paradigma en cuanto a este tema se refiere, con
una visión integral y pluricultural contra el crimen, teniéndose como prioridad
el bienestar y seguridad de las personas, sin olvidar que dicho fenómeno se
encuentra relacionado con cuestiones como pobreza y la marginación, la falta de
oportunidad para ciertos sectores sociales, así como de instituciones débiles y
corruptas, y acompañadas de una
deficiente aplicación del derecho. Por ello, se plantea que la clave para un
marco democrático y más plural en las relaciones de las personas en sociedad radica
en el estricto respeto a los derechos humanos.
Esto significa que el ideal es una
concepción integral de la seguridad basada en el respeto y protección a los derechos
humanos, pero en congruencia con los principios fundamentales de una sociedad
democrática, que motive y alimente las normas, políticas públicas y estrategias
de seguridad, con el fin de contribuir a la tarea de hacer frente a los retos
graves que actualmente aquejan a cualquier sociedad del siglo XXI y a las
generaciones futuras.
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