domingo, 14 de octubre de 2012

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SEGURIDAD NACIONAL

El Derecho no puede ni debe permanecer indiferente frente al riesgo que conlleva la conjugación o inserción de los derechos humanos en una sociedad democrática que también deba velar por una seguridad nacional. En efecto, pareciera que no pero en realidad existe una línea muy delgada entre el respeto y protección a los derechos en humanos y el empleo de la fuerza y la violencia en aras de lograr una seguridad nacional.

La seguridad nacional desde luego tiene como objetivo final la preservación de una sociedad para mantener y conservar las libertades y derechos y el respeto pleno a la seguridad e integridad de sus habitantes. Por lo mismo, es inevitable afirmar que ante la magnitud y relevancia de esta cuestión, es evidente que el marco legal de la seguridad nacional en un país es un tema de primera importancia pues se trata de salvaguardar la integridad del Estado, las instituciones y, por supuesto, de las personas que integran esa sociedad.

Ahora bien, lograr un buen equilibrio entre los objetivos de la seguridad nacional y el respeto y protección de los Derechos Humanos tampoco es cosa sencilla; por ello, por ser un asunto de trascendental importancia, es necesario establecer bases transparentes, incluyendo a todos los sectores de la población interesados, así como a todas las instituciones oficiales involucradas, en la fabricación de las normas que regulen ese binomio.

Me queda claro que hablar de seguridad nacional es hablar en el fondo de velar por la calidad de vida de las personas y, bajo ese contexto,  abarca en un sentido amplio tanto las cuestiones económicas como sociales. Por otro lado, no se debe olvidar que también configura el respeto a la integridad de la persona, al goce y disfrute de una vida tranquila, sin temor a ser víctima de algún crimen. En este orden de ideas, se trata de un medio para alcanzar la plena vigencia de todos los derechos humanos desde una perspectiva integral, que incluye tanto a los derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto significa, al mismo tiempo, que una correcta normatividad en materia de seguridad nacional debe atender otros elementos que privilegia las formas democráticas para la toma de decisiones. No es en vano que este modelo se comience a aplicar a partir del fracaso de los modelos tradicionales que privilegian la represión y el autoritarismo.

Por lo anterior, parece que es momento de motivar un cambio de paradigma en cuanto a este tema se refiere, con una visión integral y pluricultural contra el crimen, teniéndose como prioridad el bienestar y seguridad de las personas, sin olvidar que dicho fenómeno se encuentra relacionado con cuestiones como pobreza y la marginación, la falta de oportunidad para ciertos sectores sociales, así como de instituciones débiles y  corruptas, y acompañadas de una deficiente aplicación del derecho. Por ello, se plantea que la clave para un marco democrático y más plural en las relaciones de las personas en sociedad radica en el estricto respeto a los derechos humanos.

Esto significa que el ideal es una concepción integral de la seguridad basada en el respeto y protección a los derechos humanos, pero en congruencia con los principios fundamentales de una sociedad democrática, que motive y alimente las normas, políticas públicas y estrategias de seguridad, con el fin de contribuir a la tarea de hacer frente a los retos graves que actualmente aquejan a cualquier sociedad del siglo XXI y a las generaciones futuras.

             

 

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