
El éxito en la
procuración de justicia depende en gran medida de la participación de los ciudadanos,
por ello, para enfrentar con eficacia el problema estructural y funcional de la
procuración de justicia en cualquier lugar, es necesario que la sociedad y las
distintas instancias gubernamentales lo aborden desde diversas perspectivas: la
del saber científico, la de la realidad misma, la de la legalidad y de acuerdo
con una política social y criminal desarrollada a través de acciones que se
integren a todo un programa innovador de gobierno que dé respuestas adecuadas a
los problemas de criminalidad en un determinado lugar.
En la actualidad parece ser que el
sector de procuración de justicia se forma por una estructura no orientada
hacia la investigación de los delitos, dado que, por varias décadas, soporta
problemas estructurales y funcionales que impactan el desarrollo eficaz del servicio
de procuración de justicia. Asimismo, en este aspecto cabe identificar la
importancia de una adecuada política criminal, entendida como el contenido sistemático de principios,
garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la
eficacia de la pena, según los cuales el Estado dirige la lucha contra el
delito, por medio de la pena y de sus formas de ejecución.
La política criminal no aspira a sustituir al
derecho penal; debe marchar a su lado; entre el derecho penal teórico y la ley
penal, de una parte, y la práctica criminal y penal de la otra. También la podemos entender como la doctrina
de la posibilidad política en relación al fin de la prevención y la represión
de la delincuencia.
Por ello, para administrar y/o procurar justicia
no basta con saber la ley y poseer el sentido de lo justo, sino que es preciso,
además, la ciencia de la naturaleza humana. La política criminal viene a
constituir el señalamiento que implica las formas de encausar la implementación
o instrumentación de aquellas directrices que pueden considerarse más eficaces
para corregir defectos o disposiciones que no concuerden con la realidad
contemporánea y, desde luego, que sirvan mayormente para salvaguardar, tanto
los intereses comunitarios, como los del propio individuo en lo particular. Los
postulados de la política criminal sirven de criterios de decisión respecto de
los sistemas dogmáticos para la aplicación del derecho penal.
Procurar justicia es, en última instancia, dar
al pueblo certidumbre y orden, paz y concordia, que hagan posible alcanzar,
mediante el trabajo y el respeto al derecho ajeno “la máxima felicidad dividida
entre el mayor número de hombres”. Si no se reconoce que gran parte de la
inseguridad pública y carencia en la procuración de justicia se debe a la falta
de alternativas digas y perdida de valores, así como a una educación deficiente
e insuficiente, el desempleo y subempleo, y la aglomeración habitacional y
laboral, no se podrá alcanzar una adecuada procuración de justicia.
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